La II República de España. Un proyecto continuista con la esencia de la Revolución liberal: liberticida, aculturadora, altericida y desarrollista.
Amando Tarí Sirvent. Blog: https://inquietudyconciencia.wordpress.com/
La II república española, así como la Guerra Civil, ha sido objeto de numerosas investigaciones, si bien es cierto, que buena parte de la historiografía está impregnada de una visión extremadamente politicista, repleta de tópicos y sesgos apriorísticos que llevan a análisis y conclusiones tergiversadoras, equívocos, superficiales y/o narcotizantes, ya que no aciertan en lo más esencial a la hora de articular los cimientos de una investigación, de hacer manifiesto lo latente.
Investigaciones sobre la Segunda República española, 1931-1936 de Félix Rodrigo Mora es un estímulo para quienes quieran acercarse a la búsqueda de la verdad como medio y fin en sí mismo. Es una obra caracterizada por una posición de ecuanimidad e inducción, esto es, por una complejidad gnoseológica que se adapta al dinamismo de la realidad y de los hechos, no al contrario, tal y como propugnan los enfoques y epistemologías teoréticas, totalizantes, apriorísticas y partidistas-gregarias. En tal sentido, es un caminar por una senda de la cual todavía tenemos mucho que descubrir, aprender y que desaprender. Es una dosis de entusiasmo y dolor, de certezas y de dudas para quienes queremos comprehender el pasado, que articula también al presente, y aprender de ello en la construcción de un futuro, que es indeterminado en su devenir positivo o negativo, todo ello en tanto que experiencia y posibilismo humano.
El autor considera a España en el proceso histórico en el que se desarrolla, abarcando dimensiones domésticas e internacionales. En el plano internacional, los Estados están en pugna por mayores cuotas de poder en un contexto internacional de crisis del ciclo de acumulación de capital, tras el crack del 29. El Estado español, tras el “desastre del 98”, está insertada en procesos que se caracterizan por el intento de una reconfiguración de las estructuras por parte de las élites, a través de una creciente modernización, mercantilización, estatización, proletarización y nacionalización españolista de los diversos pueblos ibéricos. La II República es un proyecto continuista con el afán desarrollista, españolista, liberticida, aculturador y altericida en lo esencial del totalitarismo de la Revolución liberal, del período de la Restauración, el directorio militar de Primo de Rivera y que continuo posteriormente el franquismo; son un mismo proyecto en lo axial, con meros cambios formales, alcanzando tales procesos sociopolíticos, económicos y culturales su punto más álgido con el parlamentarismo oligárquico y partitocrático que emana del régimen del 78 y con la globalización que los estados y el capital han originado[1].
Así pues, la voluntad de poder es el pilar troncal de la II República española. Los cambios formales en los regímenes políticos, en la forma de Estado, responden al requerimiento contextual más apropiado para las clases dominantes, de ahí la pseudodivergencia entre Monarquía y República, ya que, en lo medular y latente, la distinción entre Monarquía y República responde a una dicotomía accesoria, pues su sustancia es la misma. En la obra se ejemplifican otros casos históricos, arguyendo sólidamente el porqué de la superficialidad del debate en torno a la forma de Estado.
En el caso que nos atañe, la II República española es una revolución desde arriba[2] (contrarrevolución) articulada, respaldada y aceptada fundamentalmente por el ejército (con la Guardia Civil a la cabeza)[3], la burguesía y el capital (agrario, industrial y financiero), el alto funcionariado y clero, el poder mediático e intelectual; siendo el papel de la sociedad civil un acto teatral en un orden no libre que muto para preservar lo existente. Se instaura con la intencionalidad de conseguir uniformidad, más mando interno y relanzar a España a mayores cuotas de poder en el sistema interestatal, para lo cual, la monarquía había dejado de ser funcional, percepción bien extendida entre la burguesía, la clase política y el ejército. El Pacto de San Sebastián fue la preparación de la escenificación teatral hacia la República, que fue constituida tras un plebiscito municipal, en el que las clases populares votaron en un orden sin libertad política (democracia y estado son antitéticos, y representan una aporía); entre las clases dominantes, quienes fueron monárquicos, pasaron mayoritariamente a ser republicanos[4].
Para tal relanzamiento de España, la aniquilación de las sociedades rurales y convivenciales, originar un sentimiento homogéneo de integración nacional y unidad político-territorial y fomentar la modernización del país eran condiciones sine quanon; y así, dar salida al denominado “problema de España” y superar el “desastre” del 98. Éste, sí, era un problema, pero evidentemente para las clases dominantes y la nueva burguesía de todo el espectro ideológico, constitucionalistas, izquierdistas, conservadores, fascistas, progresistas, y para clasistas y elitistas como Ortega y Gasset. Todos ellos sentían y propugnaban una profunda aversión hacia las cosmovisiones y gentes de los pueblos ibéricos y de las ruralidades; tergiversando y presentando a éstas de forma embrutecida y reificada, despreciando la oralidad como expresión de la alteridad. A la contribución y reproducción de tales clichés y tópicos negativos de la ruralidad también contribuyeron buena parte de los obrerismos y proletarismos, incluso parte de los ámbitos libertarios, incapaces de comprender a las cosmovisiones de la ruralidad, por sus sesgos teóricos provenientes del relato del progreso y de la Ilustración.
El afán de dominio de las élites, impregnado de un exacerbado politicismo, economicismo-desarrollismo, entraba en conflicto con las cosmovisiones y culturas populares de la ruralidad Ibérica, las cuales estaban en las antípodas a la jerarquización del cuerpo social (Estado), el dominio del capital, a la concentración de la propiedad privada totalizante, al sujeto solipsista, sumiso y pasivo, tan necesario para el desarrollo del capitalismo e incapaz para la convivencialidad, la virtud cívica y personal. Las culturas populares de la ruralidad ibérica se han caracterizado históricamente por una axiología democrática[5], organizados en torno al derecho consuetudinario de elaboración popular (hombres y mujeres tenían mismos derechos y deberes) y el concejo abierto[6]; institución fundamental que llegó a tener poderes ejecutivos, legislativos, judiciales y militares (milicias concejiles), basada en la ausencia de representantes, pues el acto deliberativo directo era un tronco esencial, teniendo cabida los portavoces para trasladar lo decidido a ámbitos supralocales mediante mandato imperativo. También en torno al comunal, que era organizado y reglado mediante dichas instituciones y formas.
La revolución liberal durante el siglo XIX en la denominada España fue una guerra contra las culturas populares, supuso una hipertrofia del Estado, un mar de sangre y oda a la maldad, llevada a cabo a través de las instituciones de éste, con papel crucial del ejército y la creación de la criminal Guardia Civil en el año 1844. Dicha Revolución exacerbó la expropiación del comunal ibérico con las desamortizaciones civiles (ya previamente iniciadas en los siglos anteriores y al inicio del siglo XIX) siendo la aniquilación de las sociedades rurales convivenciales y el comunal un asunto de primer orden (tal y como Jovellanos, alto cargo del Estado, indica en el informe que redacta en el año 1795); Dicha Revolución sentó las bases para la constitución expansiva de la propiedad privada y su concentración, subordinando coercitivamente la ruralidad al Estado y la urbanidad, favoreciendo y posibilitando de tal manera el desarrollo del capitalismo. La respuesta a todo ello fueron sucesivas guerras civiles durante el siglo XIX y XX, en las cuales la resistencia popular fue una constante, aliándose momentáneamente con el carlismo, no por su convergencia con éste, sino por interés estratégico en tal momento histórico. Las élites carlistas e isabelinas, en la esencia, compartían un mismo proyecto.[7]
La II República continúo con la actualización y expansión del aparato estatal, fiscal, castrense (incrementando el número de Guardias Civiles, y el salario de estos dos veces) y policial (creó la Guardia de Asalto entro otros), siendo un régimen censor, torturador y represivo, que salvaguardó los intereses del capital. No se puede ni delimitar como un régimen de garantías formales, ese espejismo teórico que tanto gusta a la palabrería del liberalismo y al formalismo parlamentario-constitucionalista, ya que se militarizó la esfera civil[8] y hubo un ensañamiento sistemático con las clases populares, las cuales fueron torturadas, reprimidas y asesinadas tanto en el período conservador como progresista y frente populista. Existían los delitos de opinión, y los estados de alarma fueron una constante, además de la aplicación de la infame ley de fugas. Claros ejemplos de lo que fue la II República fue son La Matanza de Casas Viejas, los sucesos en Asturias en el año 34 y el infame proceder injustificable del Estado y la clase política en Yeste en la época del gobierno frentepopulista durante la matanza y represión del campesinado, que vindicaba su forma de vida y reclamaba el comunal expropiado ilegítimamente por el Estado años atrás.
La Ley de Reforma Agraria del 1932, mitificada como revolucionaria, fue articulada con una pretensión manifiesta, el reparto de la propiedad, siendo en los hechos antirrevolucionaria y propagandística, de espaldas a las necesidades del campesinado, reducido a menor de edad y a súbdito de su nuevo patrón, el Estado, convertido en nueva deidad. Dicha ley, en su finalidad latente, tenía la de estatizar y racionalizar todas las aristas de la economía agrícola, es decir, expandir el uso de créditos bancarios, la propiedad privada y la agricultura industrial, por lo que fomentaba el capitalismo agrario y el individualismo; en definitiva, expandir la concepción burguesa de la vida. La del año 1935, en esencia, es una continuación de la anterior.
Además de ser el Estado enemigo principal del campesinado, lo que se suele obviar intencionadamente, o se desconoce, es que una parte mayoritaria de las tierras en la época eran de pequeña o mediana propiedad, y un número considerable de los latifundios existentes pertenecían al Estado o al corporativismo municipal público (debido a las desamortizaciones llevadas a cabo contra la ruralidad), que no ha de confundirse lo público con lo comunal y el comunal, pues éste requiere inexorablemente de la organización, uso y posesión por parte de la vecindad a través de las asambleas entre iguales, nunca a través del Estado.
En cuanto a lo que refiere al asunto de la nación española y los diferentes pueblos ibéricos no pertenecientes a ésta, la II República actualiza los procedimientos de integración, es decir, de aculturación, pero siguiendo la misma naturaleza de nacionalización de las masas (proceso de expansión de sentimientos íntimos y de unión y expresión político-pública con la idea y noción de patria española) y de genocidio cultural y negación político-histórica iniciada por la Constitución de 1812. Las dos fórmulas españolistas durante la II república fueron, la federalista, minoritaria y copiada de la I república, y la unitaria integral que fue la hegemónica.
La constitución republicana de 1931 reconoce como sujeto soberano, exclusivamente, a España, pretendiendo integrar al resto de pueblos mediante los estatutos de autonomía y continuando con el proceso de homogeneización idiomática; siendo, el conocimiento del castellano una obligación para todo ciudadano español, así como su uso escolar. Los intentos de centralización idiomática por parte de las instituciones españolas desde el año 1857 se habían caracterizado por su agresividad contra el resto de idiomas, habiendo originado repercusiones negativas en éstos, en pos del español, pero sin llegar a culminar las metas perseguidas. A pesar de tal ofensiva, las lenguas diferentes al español, seguían siendo de uso común por sus respectivos pueblos, siendo la ausencia de un nacionalismo español férreo una debilidad estructural del Estado español en relación al resto de potencias rivales europeas desde el siglo XVIII.
Así pues, la estrategia muta, de lo explícito y rudimentario a lo sutil y complejo, para preservar la meta, que es la uniformidad cultural, la españolización para un mayor desarrollo de la dupla Estado-capital. Con los estatutos de autonomía, se otorga una determinada tolerancia verbal al resto de idiomas y concesiones superfluas regionales con la intencionalidad de integrar a ciertos sectores de los pueblos no españoles. En palabras de Azaña, un personaje fanatizado por la voluntad de poder, al servicio de la razón de Estado: “Los estatutos son leyes de España… y las regiones autónomas serán tan españolas después de concederlas la autonomía como eran entonces, o quizá más…porque estarán más contentas…. Y el que no lo entienda así es que no ha comprendido una palabra de lo que es la autonomía” (cita en Rodrigo, pág. 510: 2013).
El autor dedica un análisis al caso concreto de Euskal Herria y a las muy acentuadas relaciones históricas, tecnológicas, económicas y político-militares, con la corona de Castilla y posteriormente, con el Estado español, así como a la supeditación e incorporación, de las élites vascas a éstos; lo cual vehicula y explica la aceptación y creencia de aquellas en torno a la solución vasca, pero dentro de las instituciones del Estado español[9] a través de los estatutos de autonomía. En tal aspecto, acierta al focalizar la contradicción intrínseca a los sectores del nacionalismo vasco que pretenden salvaguardar meramente el euskera, pero dentro de la lógica y estructuras del capital y del Estado, pues ambos, instrumentalizados por una minoría, requieren de una mayor homogeneidad para su hipertrofia y capacidad de mando, con tendencia a aniquilar y/o nulificar las lenguas vernáculas y lo vernáculo.
En lo sucesivo a la educación y la cultura, las mitificadas misiones pedagógicas no fueran más que una expresión de alterofobia y uniformidad, un auténtico desprecio por la antropodiferencia y la oralidad, a la que pretendían aniquilar mediante la inoculación del autodesprecio, la aculturación y la estandarización castradora a través de la implantación y extensión de la presencia del Estado mediante la escuela pública, institución crucial para el par Estado-capital, y así originar un sentimiento de pertenencia nacional, homogeneidad cultural y estructuras caracterológicas funcionales a los intereses de la clases dominantes. Dichas misiones y programas educativos son regidas por una lógica propia del sujeto demiúrgico, esos hacedores de hombres que conciben al otro y a lo humano de forma unidireccional, como un objeto al que iluminar y corregir, repleto de taras e incapaz, siendo los profesores y reformadores sociales la nueva clase sacerdotal.[10] La escuela como satisfactor educativo y de progreso es uno de los mitos que la modernidad ha constituido en sus procesos de estandarización institucional y canibalismo sociocultural.
Respecto al asunto religioso durante tal período, el autor arguye de forma probatoria y desmitifica la supuesta influencia omnipotente de la Iglesia Católica en el país, incluso en los estratos sociales populares rurales como urbanos, así como la confrontación radical de ésta con la forma de estado republicana (hubo conflictos entre la Iglesia y el orden republicano, pero no debidos un rechazo intrínseco al republicanismo) y la incompatibilidad de la misma con el liberalismo y la modernidad. En tales aspectos, cabe decir que la incidencia del poder clerical había ido descendiendo desde finales del siglo XVIII y con las consiguientes desamortizaciones civiles del siglo XIX. Tal disminución de la influencia también es observable en una menor cuantía de periódicos del país vinculados a la Iglesia y del número de tiradas en términos relativos a los de corte laico, anticlericales e irreligiosos; así como en el denominado asociacionismo católico, cuya presencia era débil (a excepción de una gran influencia de la escuela católica, en pugna con la expansión de la estatal, y las organizaciones eclesiales femeninas que estaban en ascenso).
Así mismo, históricamente, buena parte del alto clero y el clero parroquial se identificó con el liberalismo durante la segunda mitad del siglo XIX y alentó el desarrollo del capitalismo. La Iglesia, en tanto que partidaria de la teoría de la accidentalidad en lo que refiere a las formas de gobierno, aceptó la II República y fue un actor de la venida de la misma. El contenido anticlerical del constitucionalismo republicano responde a las necesidades contextuales, siendo un medio ideológico para desviar la atención y manipular voluntades en un contexto de lucha popular creciente. De hecho, el gobierno provisional contó con hombre afines al catolicismo, como Maura y Alcalá-Zamora.
En el período republicano, a pesar de que la Constitución declarase el fin del presupuesto estatal a la Iglesia en un período de dos años, el clero siguió siendo parte del funcionariado estatal, pues el sacerdocio continuó recibiendo financiación de los presupuestos del Estado. La teórica pretendida separación y anulación de financiación de la Iglesia por parte del Estado durante el período republicano no se llevó a la praxis. En este sentido, el anticlericalismo burgués (con principal representación y agitación a través Alejandro Lerroux, personaje admirado por la Falange y por el mismo Franco por su papel como ministro de Guerra en la represión y matanza de Asturias en el año 1934) fue hostil verbalmente, pero, como hemos sostenido anteriormente, fue instrumentalizado por la burguesía como chivo expiatorio, puesto que posibilitaba centrar el descontento popular contra las instituciones y establecimientos religiosos a la par que los de la patronal, los de los oligarcas y del estado quedaban exentos de la ira popular, siendo el anticlericalismo instrumentalizado como protector funcional del capitalismo y del Estado[11].
La fractura entre la Iglesia y la II República se materializa finalmente la primavera del año 1936, momento en el que las élites dominantes concluyen que el Frente Popular y la República son inoperantes para sus fines, y han de cambiar hacia una estrategia de represión total, manifestando la Iglesia definitivamente su apoyo al bando franquista el 1-7-1937. Franco no era creyente, su adscripción al catolicismo fue una mera instrumentalización política. Además, se ha de reconocer que no todo el clero apoyó al golpismo, sino que una parte de éste lo confrontó y exigieron el respeto a los prisioneros de guerra, siendo por ello torturados y fusilados por el franquismo. Así mismo, el autor llega a entrever que las expresiones de anticlericalismo, en sus manifestaciones inaceptables de violencia irracional más acentuada e indiscriminada contra el patrimonio histórico-cultural y contra los creyentes, que no tenían nada que ver con los alzados, fue un medio al servicio del incremento de aliados que respaldaron al franquismo y que éste supo canalizar. Cabe mencionar que también hubo violencia fascista ejercida por parte de los denominados curas trabucaires, minoritarios, pero activos y organizados.
En lo que concierne al colonialismo e imperialismo español, la II República continúo y reforzó la subyugación y represión de las gentes del pueblo marroquí y saharaui durante los sucesivos gobiernos de distintos espectros ideológicos. Develador es la posición discriminatoria que los partidos y sindicatos izquierdistas sostuvieron, que no admitieron en sus filas a norteafricanos en sus filas, a excepción de CNT-FAI. Así mismo, el gobierno del Frente Popular tampoco reconoció libertades formales, como el derecho a huelga, a los trabajadores procedentes de tales regiones, y la amnistía pactada por el Frente Popular fue formulada sin consideración de los presos políticos marroquíes y saharauis antiimperialistas, los cuales siguieron presos.
Por otro lado, las fuerzas ultraderechistas, como la Falange, sí que posibilitaban la inscripción a los norteafricanos. Las clases dirigentes enmarcadas en el bando golpista, junto a buena parte del alto clero católico que respaldó al franquismo, se aliaron con las clases dominantes del islam político (con los ulemas y el clero islámico), repartiendo dádivas y dinero a éstos, así como respetando su autonomía religiosa mediante la ausencia de proselitismo católico entre éstos. Dicho hermanamiento, que resultó sanguinario y catastrófico para las clases populares, se constituyó con la finalidad de favorecer el reclutamiento entre la población marroquí (que llegaron a ser 100.000, siendo una fuerza de total confianza y de choque crucial para el franquismo), instrumentalizando la influencia social de los ulemas. Franco y buena parte de los suyos mostraban también una admiración exacerbada por el islam político[12].
Otro aspecto que se aborda en la investigación es el relato mítico de la II República en torno a la cuestión de las féminas y la “conquista histórica” de éstas durante tal período. En primer lugar, se ha de romper con las ideologías[13], puesto que el patriarcado no ha sido totalizante, tal y como los feminismos sostienen, sino distributivo a lo largo de la historia, muy vinculado a la Iglesia (no al cristianismo), al Estado, al derecho romano y a la propiedad privada concentrada; siendo las revoluciones liberales expansionistas y vertebradoras de éste. En contraposición, la cosmovisión de los pueblos ibéricos populares no han sido sexistas, y las mujeres han sido consideradas como sujetos, tanto en la vida política, civil, privada y productiva, siendo el cuidado un hecho comunitario realizado entre la vecindad, la aldea y la familia extensa.
El patriarcado clásico ha estado presente en las clases sociales pudientes y en las clases medias, en mayor o menor medida, y su intento de formalización jurídico-política[14] y acentuación se expresó a través de las revoluciones liberales, oda a la misoginia, con el Código Civil Napoleónico en 1804, que en el caso de España, fue copiado de éste en el año 1889, y que siguió vigente en lo sustantivo durante la II República, al igual que se mantuvo el código penal en lo que refiere a la desigualdad normativa de la mujer. No obstante, su codificación formal en el derecho positivo no supone que éste estuviera rigiendo en la totalidad de las clases populares, cuya cosmovisión estaba en las antípodas, tal y como hemos señalado, especialmente en la ruralidad donde no regían tales disvalores ni supeditaciones.
Durante la II República, que sigue la línea estratégica ya marcada por el Directorio de Primo de Rivera, se requiere establecer límites formales a la marginación femenina, y su integración política responde a las necesidades del statu quo, siendo pretendida y concretada mediante la concesión del voto, al igual que se hizo en 1890 con la otorgación del sufragio masculino universal. Ambos hechos no constituyen ninguna conquista, sino que responden a un intento de conseguir legitimidad institucional. Es un medio para integrar a las clases populares en un orden carente de libertad política, una vez se ha impuesto e hipertrofiado históricamente el Estado, a través de la fuerza y la ingeniería social, como satisfactor y estructurador de las sociedades humanas, tal y como acaece a día de hoy.
De esta manera, el discurso que sostiene y defiende que durante la II República se consiguieron grandes conquistas para las mujeres, yerra y falta a la verdad, al hablar de mujeres mediante un abstracto femenino universal que no atiende a la concreta estratificación social que caracteriza a cada mujer. En tal sentido, la República reprimió, torturó y asesinó a las mujeres de las clases populares (como, por ejemplo, en Bustillo del Monte, en Berceo, en Veguillas, Arnedo, y un largo etc.) al igual que a los varones de las mismas, que lucharon por la libertad, la equidad, la justicia y la dignidad humana; y benefició a mujeres que constituían parte de las élites económicas, políticas, artísticas e intelectuales. La distinción entre mandantes y mandados se torna crucial. El denominado asistencialismo social, como el seguro de maternidad del decreto del 1931 permite el despido posparto, por lo que está al servicio de la patronal y contra la maternidad de las mujeres trabajadoras; y promueve una mentalidad paternalista, siendo funcional a la contención del conflicto social[15]. Además, el régimen salarial industrial fue altamente discriminatorio con las féminas, y el reconocimiento jurídico del derecho al divorcio era cuestión de incidencia en las clases medias y burguesas, puesto que, en tal momento histórico, las clases populares, mujeres y hombres, pactaban mediante libre albedrío las uniones y divorcios.
Los asuntos medulares en los que el autor incide son que el hombre no puede ser libre si la mujer no lo es, y viceversa; y si una sociedad está estructurada a través de un Estado no hay libertad política colectiva, sino libertad para que una minoría ejerza su subyugación, más eficiente bajo la tiranía parlamentarista y partitocrática. Y que las mujeres son víctimas y victimarias, siendo también responsables de su propia subyugación y de su liberación. Por ello, el avance progresivo y parcial dentro del statu quo, que las sufragistas defendieron y buena parte del feminismo preconiza hoy día, carece de verdad, de fundamento y perfecciona y legitima el sistema de dominación vigente.
En la II República, que se ubica en un momento histórico de transformaciones estructurales del sistema mundo y de modernización de los ejércitos, el patriarcado se expresa de distintas formas[16], enfrentadas entre sí. Uno más clásico, vinculado a la derecha, continuador de la concepción en la cual el varón es el pater de familia, que queda obsoleto e inoperante para los procesos estructurales en curso del siglo XX y para los fines de las clases dominantes[17]. La otra expresión de patriarcado, vinculado al izquierdismo, es más perfeccionado y funcional a los procesos, estructuras y fines, que es la de supeditar a la mujer, al igual que al varón, al ámbito esclavo del asalariado, asociando emancipación a éste; y del Estado, constituido como nuevo patrono[18]. Éste atenta contra la feminidad y es brutalmente deshumanizador, ya que supone un incremento de la desestructuración psico-física del sujeto, en tanto que, se rige por una lógica productivista y reduce a mero economicismo y razón instrumental al individuo en un orden carente de libertad.
En el tiempo de la II República, el contrapoder popular venía in crescendo desde las anteriores décadas, siendo muy acentuado en los años previos a la guerra civil del 36, especialmente en los meses anteriores a ésta, por lo cual, se recrudeció la represión, tal y como los datos de heridos y muertos a manos de los cuerpos del Estado reflejan. La censura requirió de la indispensable colaboración del poder mediático, pero también de los altos cargos de los partidos y sindicatos obreristas afines al gobierno frentepopulista (PSOE, PSUC, IR, UGT, PCE, buena parte del ámbito libertario como CNT, FAI, JJLL) mediante la omisión de la denuncia de tales hechos y realidad, lo cual hacía cognoscible lo sucedido a una menor escala espacial.
La situación de ingobernabilidad social apuntaba a una situación cuasi revolucionaria[19], algunos la precisan como guerra de baja intensidad, sobre todo en la ruralidad. El Estado pasó a una posición defensiva en ésta, puesto que la Guardia Civil no podía hacer cumplir el injusto orden de mando, sometimiento y subyugación burgués. Las asambleas y organizaciones vecinales, la confrontación con los patronos y el Estado-capital, la apropiación legítima de los medios de producción, el impago fiscal, las huelgas (se habían multiplicado por 50), paros y saboteos en las empresas se expandieron, lo cual se tradujo en una caída notable de la tasa de beneficio y en la ausencia del Estado en buena parte de la ruralidad. Junto a ello, la desobediencia de las bases populares de sus altos cargos sindicales y partidos obreristas tanto a nivel provincial como central también fue creciente. Todo ello evidenciaba un in crescendo distanciamiento y ruptura de éstas y de las clases populares con el izquierdismo y los sindicatos afines al gobierno[20].
En esta creciente efervescencia social y represiva, el campesinado y la ruralidad tuvo un papel muy considerable, junto a las clases trabajadoras urbanas, de éstas especialmente las del sector de la construcción que procedían de tales ámbitos, que consideraban al Frente Popular y las instituciones del estado desacreditadas en sus hechos. Observamos que el asunto de la autonomía local y la vida horizontal democrática, convivencial, con tecnologías intermedias, escasamente monetizada y mercantilizada, así como la cuestión del comunal; que estaba todavía vigente en los imaginarios colectivos, eran los asuntos cardinales, en contraposición a la creciente presencia del par Estado-capital.
Las clases dominantes y los propios militares, Franco entre ellos, planificaban la estrategia de un posible alzamiento, no primeramente contra la República, sino contra las clases populares, debido a la situación de ingobernabilidad y ausencia parcial del Estado, especialmente en la ruralidad como se ha recalcado. Inicialmente no tenían la pretensión de alzarse militarmente, puesto que consideraban y eran conscientes de que tal acto era disfuncional, ya que supondría la imposibilidad de relanzar a España en el sistema interestatal, debido a los costes múltiples que ello implicaría[21]. Tan sólo cuando buena parte de las clases dominantes y castrenses percibieron que ya no podían encauzar a las clases populares vía parlamentaria, y la última bala fracasó, el Frente Popular como contrarrevolución; el alzamiento vía castrense emergía como solución para controlar la situación. De nuevo, los espadones facciosos salían a la palestra.
En tal momento histórico tan crucial, de agudización de la lucha de clases, los sindicatos y partidos proletaristas que habían denunciado el carácter dominador de la II República (PCE, POUM, CNT, JIJI), además de a los clichés sobre la ruralidad a los que contribuyeron y que ya hemos comentado, incluidos los ácratas, se posicionan con una parte de la reacción, al respaldar el programa electoral del Frente Popular en febrero del 1936. En tal sentido, siguen la lógica de alianza con la burguesía “antifascista”[22] y con los regímenes parlamentarios, puesta en marcha en la Internacional Comunista del año 1935, estrategia que responde a los intereses geopolíticos de la URSS.
Tras el alzamiento militar, el izquierdismo y buena parte del ámbito libertario cierra filas y contribuye a la reconstrucción y organización del Estado Republicano, y de nuevo, se suman a una facción de la contrarrevolución, en tanto que republicanos y golpistas dos expresiones de ésta, como ya hicieron en el año 1931[23]. Se habían constituido como una nueva clase burguesa, en tanto que clase mandante y “representante” de las clases populares, expresada en la Guerra Civil a través de los Comités, y de la participación institucional a través de distintas carteras políticas, de espaldas al respaldo de la vía, programa y estrategia del autogobierno popular, es decir, de la revolución.
Es necesario una ruptura con la visión maniquea, demagógica, electoralista, reduccionista, victimista y politicista de la Guerra Civil, tal y como este libro plasma, con afán de verdad, para comprehender lo que realmente ocurrió. De forma empírica, fundamentada y acertada, el autor sostiene que no hubo dos bandos (Defensores de la República y contrarios a la República; sino tres actores, [24]contabilizando a las clases populares rurales y proletarias urbanitas que no apoyaron a las instituciones ni a ninguno de los dos bandos estatales.
A la luz de los hechos y lo argüido es inadmisible que fuera una conflagración entre dos bandos, y más aún sostener que la II República fue un régimen de libertad política, ya que donde el Estado estructura, Roma está presente, es decir, la dominación y la adoración por la voluntad de poder. Se trató de una disputa entre unas élites más cercanas al bando de los Aliados y otras más al bando del Eje, y entre el pueblo en tanto que pueblos ibéricos no identificados con las instituciones estatales, ni con la noción de España; especialmente en la ruralidad, ámbito más hostil al Estado y sus ramificaciones, los partidos, sindicatos y el capital, aunque también entre parte del proletariado urbano.
La falta de importancia otorgada a los rasgos inmateriales, a la axiología y a la calidad del sujeto, así como de confianza en el pueblo, en el bando republicano fue también una de las causas de su derrota[25], pues es inadmisible la retórica victimista y acrítica que alude a la superioridad material del bando franquista. En tal aspecto, son varios los estudios que el autor cita, y hasta el año 1937, el bando republicano contaba con una superioridad demográfica y técnica, al disponer del 75% de la producción industrial, ergo, superioridad en la producción de armamento; y posteriormente, tanto el bando republicano como el franquista contaron con similar respaldo material externo.
La evidencia de ello fue la antipatía de buena parte de las clases populares y del campesinado con unos y otros, teniendo que recurrir unos a mercenarios musulmanes y otros a elevados haberes y a las quintas obligatorias, que desembocaron en deserciones de éstas y en un rechazo al militarismo obligatorio republicano; y las rebeliones de las clases populares contra la neoburguesía (altos y medios cargos de partidos y sindicatos) en las denominadas “colectivizaciones”. Otro de los errores fundamentales que se indican fue la falta de una estrategia coherente y de conjunto articulada de las clases populares, causa de magnitud en el fracaso final. Todo ello adquiere una colosal importancia que probablemente hubiera decantado el acontecimiento de los hechos hacia otros escenarios.
Amando Tarí Sirvent.
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Tarí Sirvent, Amando (2018). Análisis del capitalismo como sistema histórico: poder político y acumulación de capital (parte II). Inquietudyconciencia. En: https://inquietudyconciencia.wordpress.com/2018/07/19/analisis-del-capitalismo-como-sistema-historico-poder-politico-y-acumulacion-de-capital-parte-2/
Tarí Sirvent, Amando (2018). Análisis del capitalismo como sistema histórico: Imperialismo cultural, racismo y altericidio (parte III). Inquietudyconciencia. En: https://inquietudyconciencia.wordpress.com/2018/07/26/analisis-del-capitalismo-como-sistema-hisrtorico-racionalizacion-imperialismo-cultural-racismo-y-epistemicidio-parte-iii/
Vidal, César (2005). Los Masones. Planeta de Agostini. Barcelona
Vidal Pérez, E (2022). La influencia de la competición geopolítica internacional en la formación del capitalismo. Inguruak. Revista Vasca de Sociología y Ciencia Política, (73), 6-32.
[1] El binomio capital-estado concebido como antagónicos es una falsa dicotomía, un camelo de y para los estatistas y para los defensores del “libre mercado”, léase antimercado, puesto que el capitalismo como sistema histórico ha requerido-y requiere- del papel fundamental de los estados, sin éstos, no habría sido posible su configuración histórica, su expansión y sostenimiento. Estado y capital son medios y fines en sí mismo, en tanto que son sustancia, posibilismo, materialización y expresión de la voluntad de poder en una relación de mutua influencia (léase Cantó y Tarí: 2016, Cantó y Tarí:2017, Rodrigo:2011, Tarí:2018 y Vidal:2022)
[2] Existen posiciones reduccionistas (como la de Vidal:2005) que responsabilizan exclusivamente a la Masonería del advenimiento de la II República española, así como el papel de la misma en diversos conflictos sociopolíticos (como la Semana Trágica de Barcelona y la triple crisis del 17) y en determinadas revoluciones (francesa, unificación italiana…) como Pizzuti indica (Pizzuti:2016). Que parte de las clases dirigentes de tales revoluciones hayan pertenecido a la misma es un hecho bien contrastado. No obstante, lo simplista de tales posturas es que para ellas el pueblo es mero objeto determinado y pasivo, y parten del axioma que asume que la problemática reside en la masonería, que corrompe al Estado. De tal manera, al focalizar la causa de los males en quienes son los que ocupan mayores cuotas de mando en el Estado, así como de influencia, legitiman a éste y se desconoce y/o oculta la dinámica totalitaria, estructural e intrínseca al Estado; pues su esencia es determinada en su sociogénesis, siendo los medios por los que se impone y opera definitorios de su esencia de dominio, más allá de quienes actúan a través de él. En todo caso, la crítica necesaria contra la masonería ha de apuntar a su carácter esotérico y luciferino, es decir, contra la concepción, transmisión y preservación del conocimiento mediante una cosmovisión platónica, en la que una minoría elegida ilumina al resto de la sociedad; además, siendo la gnosis el camelo para atraer a gentes con inquietudes y buena fe, que quedan supeditados a sus maestros y a los fines de cada logia. La libertad es una máxima para la masonería, pero es negada por ésta al circunscribir la mejora del individuo al ascenso en los sucesivos grados en una estructura jerárquica. Si la libertad es una máxima para ésta, es objetable que sea una estructura jerárquica, así como que miembros de ésta ocupen cargos importantes de las instituciones del Estado y trasnacionales-financieras. Lo esencial a comprender es que, con masonería o sin ésta, el par Estado-capital conforman parte sustantiva del sistema de dominación, y que la conspiración contra la sociedad opera intrínsecamente a través de éstos y organismos supranacionales, en tanto que unos pocos planifican y operan por medios materiales e inmateriales para preservar sus privilegios. Lo mismo cabe decir para quienes de forma obsesiva centran su crítica en la infame Agenda 2030 (ha de ser abordada mediante un doble pensar antagónico a lo que expone), que es una continuación ampliada y reforzada de los ODS del 2000, y pierden de vista lo anteriormente comentado.
[3] Como se demuestra en la obra, en los años previos había un conspiracionismo creciente contra el disfuncional régimen monárquico. Sanjurjo niega la protección a Alfonso XIII y buena parte del ejército comprende que la instauración vía intervención explícita contribuiría a un descrédito popular, de ahí la falta de respaldo a la sublevación republicana de Jaca en el año 1930. La Sanjurjada del 32 no fue contra la república, sino contra el gobierno, ya que no estaba siendo resolutiva con la integración de las masas y el creciente contrapoder popular. La mayoría de oficiales y generales son partidarios de establecer una república; y personajes tan siniestros e importantes como Queipo de Llano, Goded y el sanguinario, López Ochoa la respaldan; hasta que son conscientes de que la República y su última bala, el Frente popular, no puede contener a las clases populares vía parlamentaria y deciden alzarse contra las clases populares, no contra la República. De hecho, un dato importante que se suele obviar y ocultar es que los golpistas fueron con la bandera tricolor durante las primeras semanas del alzamiento.
[4] Tal hecho camaleónico nos recuerda a la Transición española, durante la cual, quienes fueron franquistas pasaron a ser “demócratas” y quienes fueron antifranquistas pactaron con los franquistas en el consenso, hecho que institucionaliza la corrupción moral como fundamento, siendo una transacción de principios, si es que alguna vez los tuvieron a la luz de los hechos históricos (Léase Grimaldos: 2013)
[5] Ello se debe a la síntesis del cristianismo primitivo (que no ha de confundirse con el eclesiacismo) y las bases axiológicas milenarias que se dieron en la Revolución AltoMedieval, contraria a la concepción goda y romana de la existencia, y que refuta el mito del feudalismo como categoría omniexplicativa a nivel espacio temporal del denominado Antiguo Régimen; siendo tal categoría un chivo expiatorio, al igual que el anticlericalismo burgués, urdido por quienes propugnan el fideísmo historicista teleológico y mecanicista del progreso positivo, que justifica el presente como el mejor de los males y el pasado siempre como oscurantista y bárbaro. Por ello se explica la valentía, actitud y cosmovisión de resistencia de los pueblos ibéricos contra la tiranía, antaño frente al totalitarismo musulmán en Navas de Tolosa, contra Napoleón I (gestas de las que los nostálgicos de posiciones chauvinistas, españolistas y de imperiofilia hispanista se han apropiado y tergiversado), contra la revolución liberal y su continuidad durante la Restauración, el directorio militar, la II República y el franquismo, siendo finalmente aniquilados en los años 50. Sin considerar y conocer tales hecho y rasgos es imposible comprender el mal denominado “subdesarrollo y problema de España”, y la Guerra Civil Española del 1936-1939, asuntos que el autor explica, conecta y argumenta con una lúcida visión de conjunto.
[6] Estos regímenes coexistieron y confrontaron en régimen de doble poder con las monarquías, y empezaron a ser objeto de ataque a partir del siglo XIII, mediante el la anulación de prerrogativas, y la constitución de concejos cerrados en ciudades y villas, pero siguieron operando de facto a través de millones de seres humanos en aldeas y pueblos hasta las primeras décadas del siglo XX, quedando reducidas a día de hoy a mera caricatura de lo que fueron, circunscrito a aldeas menores de 100 habitantes.
[7] Las clases dirigentes carlistas eran conscientes de que una Revolución de corte Jacobino era inconveniente para las pretensiones de alcanzar mayores cuotas de poder, de ahí que fueran partidarios de cambios más progresivos, defendiendo la cuestión foral y aspectos troncales de las sociedades rurales tradicionales. No obstante, tenían el mismo fin: el dominio, y, por lo tanto, la ausencia de libertad para muchos y la libertad para unos pocos. De ahí las alianzas estratégicas y contradictorias que se dan en la complejidad histórica.
[8] Son numerosos los casos en lo que el ejército interviene en asuntos de orden público, incluso con aviación. Véase la totalitaria Ley de Defensa de la República de 1931 así como la Ley de Orden Público del 1933 de la II República, con ésta última el franquismo continúo hasta el año 1959.
[9] En la obra, es de notable interés la diferenciación y plausible y complejo tránsito que se desarrolla desde unas Vascongadas libres, regidas por derecho consuetudinario y desde lo más local a lo territorial con mandato imperativo, a una creciente pérdida de autogobierno, donde las Juntas Generales comienzan a concentrar más prerrogativas, surgiendo una oligarquía territorial como consecuencia. En tal sentido, el relato, que oculta el papel de los fueros locales y que defiende que el régimen foral era democrático, centrando la atención en las Juntas Generales y que fue propugnado por cierto nacionalismo vasco como panacea absoluta para la integración y/o autonomía del pueblo vasco, es criticado por faltar a la verdad; porque también se ejerció la dominación y represión popular a través de los poderes autóctonos, en alianza con la Corona española, siguiendo la normativa foral. Así mismo por su imposibilidad práctica de reinstauración en las mismas condiciones de la etapa pre-liberal, tal y como aquellos sostenían, pues era disfuncional para el statu quo en proceso. Pese a la creciente pérdida de autogobierno se reconoce que los fueros posibilitaron cierta capacidad de autonomía hasta el año 1812 y para Navarra en 1841, momentos en los que España se impone de forma directa. Todavía persisten resquicios, aunque nada que ver con lo que fueron, de formas locales de autogobierno en dicho territorio.
[10]Sobre una crítica radical a los fundamentos, procedimientos y fines de la escuela, a la figura del profesorado-funcionario y a la pedagogía (García:2019).
[11] La crítica al ámbito eclesiástico no es intrínsecamente funcional al statu quo, es más, es legítimo y necesario en una sociedad libre y contra una institución en la que también rige la voluntad de poder, y por lo tanto, el anticristianismo, pero sí se supeditó a tales fines. Lo que no es legítimo es la violencia, persecución y asesinato de individuos por motivos de creencias. Es más, hubo y hay cristianos anticlericales. El anticlericalismo, cuando no se fundamenta de forma sosegada y distingue del cristianismo y de lo mejor de éste, es funcional al par capital-Estado, puesto que también opera contra la esencia horizontal social del cristianismo originario al mezclar todo en un batiburrillo.
[12] La vinculación del islam político con el nazismo y el fascismo también es un asunto tratado en el libro. Se arguye y evidencia la colaboración entre éstos, la ferviente y exaltada posición de admiración de Hitler y los altos cargos del nacionalsocialismo por el islam político y el porqué de dicha admiración. Así mismo, la vinculación de las élites anglosajonas y europeas con el islam político en contra de sus pueblos sigue vigente, por ejemplo, en la alianza con la Hermandad Musulmana y la guerra sin fin expresada en el terrorismo yihadista, que responde a la doctrina geopolítica Rumsfell-Cebrowky (léase Meyssan: 2017). El autor de esta obra citada, a pesar de su creencia en el Estado y su posicionamiento con los denominados países no alineados, aporta información y hechos destacables sobre el tema.
[13] Para una aproximación a lo que son las ideologías véase (Tarí:2017). Éstas anulan las capacidades reflexivas por su proceder axiomático-deductivo, ya que se caracterizan por un afán omniexplicativo y apriorístico, ahí reside su falsedad, no tanto por la idea sino por su aplicación totalizante de la idea, y por lo tanto, reduccionista que nos lleva a la distorsión e incomprensión de la realidad concreta.
[14] Dicha formalización jurídica, biopolítica y supeditación fue parcial, no exenta de contradicciones, de la mujer al varón y de ambos al Estado; y respondía a determinadas necesidades funcionales para el capitalismo como sistema histórico en tal momento: el de mandar a los varones como instrumentos para la producción y para las guerras de rapiña, en las cuales éstos eran aniquilados, y el de reducir a las féminas a la reproducción y al ámbito doméstico para garantizar al Estado-capital de dichos instrumentos; a la par que contribuir a la confrontación entre los sexos. De ahí que el patriarcado afectaba negativamente a ambos sexos, especialmente a los varones de los estratos de las clases populares en el horror de la guerra, pues éstos eran quienes eran obligados a ir al ámbito castrense, otorgando también dádivas a las féminas a costa de su libertad. No obstante, las necesidades estructurales del capitalismo entraban en contradicción con la reclusión de las clases populares femeninas en el hogar, y prueba de ello es que éstas tuvieron un papel crucial en la revolución industrial.
[15] El “Estado social” es una creación del conservadurismo alemán, en concreto, del Canciller de Hierro, Bismarck, que tiene la clara intención de evitar movimientos sociales revolucionarios, siendo foco de contención social. Así mismo, el fascismo político se caracteriza por su fusión del sentido de Estado con la sociedad. Quienes preconizan estatolatría (“el Estado somos todos”) están alineados con éstos, de forma consciente o nesciente.
[16] Un hecho a señalar, en la dialéctica víctima-victimario, es que, entre las féminas que apoyaron a una u otra forma de patriarcado, hubo más mujeres que tomaron pie activo en las organizaciones trasmisoras del patriarcado clásico que en las del neopatriarcado. Así mismo, durante la guerra civil, entre la minoría de las clases populares que respaldaron y se alistaron en uno u otro bando, las milicianas fueron minoritarias en el bando republicano, incluso se realizaron campañas para apartarlas del frente y retirarlas a la producción y cuidados (con la Pasionaria a la cabeza de dichas campañas e iniciadas por el gobierno de Largo Caballero en el año 1936, junto a organizaciones como Mujeres Libres) mientras que el bando golpista les dotó de cierta autonomía femenina y organizativa (Margaritas de la Comunión Tradicionalista y Sección femenina de Falange) llegando incluso a tener actuaciones muy importantes en la contribución de la victoria del franquismo, como fue el caso de Auxilio Azul, grupo sexista y fascista formado en torno a 6000 mujeres y dirigido por 7 féminas. Fueron quintacolumnistas que operaron de forma clandestina en Madrid o las temidas “pacos”, francotiradoras que operaban en la clandestinidad en Madrid.
[17] Durante la I Guerra Mundial, buena parte de las élites son conscientes de la necesidad de que la mujer ocupase las tareas productivas industriales para poder suplir al varón en la economía militar durante las guerras y conquistas, y así garantizar el suministro de material que posibilitase la guerra. Y así fue, una parte de las féminas, al igual de los varones, fueron copartícipes de la dominación y barbarie, fueron sujeto y objeto de ésta; otras, junto a los hombres, se enfrentaron al militarismo y al patriarcado, es decir, al Estado y al capital.
[18] Cabe destacar que el trabajo asalariado era aborrecido en los imaginarios colectivo populares, siendo el modo de producción vecinal y familiar aceptados positivamente. Hoy, el feminismo hegemónico, constituido como neopatriarcado, destruye a la mujer como sujeto histórico, reducida a menor de edad y concibe la neoesclavitud del trabajo asalariado como vía emancipadora. Así mismo, en el neopatriarcado, el Estado se constituye como nuevo pater de familia, otorgando también dádivas inaceptables, como la discriminación positiva, contribuyendo al infierno convivencial. De ahí que el feminismo dominante sea una de las fuerzas más reaccionarias, al servicio del sistema de dominación vigente (Véase Esteban y Rodrigo:2013)
[19] Se señala, de forma cautelar, que la situación en Euskal Herria es algo incierta respecto a dicha situación revolucionaria, con excepción, quizás, de Vizcaya. En tal sentido, se apuntan dos causas. Por un lado, la ideología de conciliación de clases sociales que promueve y canaliza el PNV de forma dominante, y que pretende una salida dentro del orden español y capitalista. Por otro lado, la particular estructura productiva y la preservación de prerrogativas, libertades e instituciones populares, que otorgó una determinada estabilidad sociocultural; fruto de la resistencia e iniciativa popular. En el caso de Navarra, la aportación considerable de fuerza humana de ésta al bando golpista es explicado no por motivos ideológicos, sino por la situación política y ontológica en la estructura social previa a la guerra. Durante el siglo XIX, el carlismo, cuyas bases procedían de ámbitos populares, artesanales y rurales, pretendía preservar las instituciones propias previas al liberalismo, así como su lengua; eso sí dentro del orden español, y como hemos indicado anteriormente, manifiestamente pero no en su intención latente. Dichas bases eran muy contrarias al centralismo liberal, especialmente reacias a la Modernidad y al Estado, que era percibido por éstas como sinónimo de esclavitud fiscal y mayor control. Por esto, el nacionalismo vasco burgués apenas caló en la sociedad popular navarra. Junto a ello, el exacerbado patriotismo españolizador de la izquierda y los partidos republicanos y el desprecio e incomprensión de la historia y la cosmovisión tradicional de la sociedad popular navarra, junto a otras causas; favoreció la penetración del carlismo, cuyos dirigentes eran próximos a la extrema derecha y a militares, y la instrumentalización de la situación por parte de éstos; ante un pueblo que percibía la aniquilación de sus formas de vida tradicional.
[20] Buena parte del campesinado no respaldó a ningún bando institucional, ni al franquista ni al republicano, además, fue el estrato social más revolucionario y combativo contra el par estado-capital, alzándose en zonas de latifundio y de minifundio, lo cual desmitifica el embeleco de que eran unos crédulos de mentalidad pequeño burguesa dominados por el clero y que lo hacían por meras cuestiones materiales. Existe una motivación axiológica superior, vinculada al centro nuclear de la libertad, que trasciende la mera mejora de las condiciones materiales y de adaptación que preconizan los proletarismos y el sindicalismo.
[21] De hecho, el propio Mola era republicano, y Azaña expresó que Franco había salvado la República durante los sucesos de represión y asesinato en Asturias en el año 1934.
[22] En el caso que nos atañe, el fascismo no había logrado ser un movimiento de masas como en Italia o Alemania, siendo su posibilismo y expresión como fuerza política residual; más bien su capacidad era de apoyo a las fuerzas militares y a la burguesía. Además, el autor arguye que el incremento de adeptos a la Falange, que numéricamente siguió siendo no muy elevado, se dio especialmente durante el gobierno del Frente Popular también puede ser explicado por el descrédito de éste, una vez evidenciado como continuador de la represión y servil a las clases dominantes, por lo que, paradójicamente, éste contribuyó en parte a tal incremento en determinados estratos sociales. Aserto cierto.
[23] Buena parte del anarquismo ibérico respaldó inicialmente la instauración de la II República, y posteriormente cambió hacia una posición de denuncia.
[24] A lo que cabe añadir, las disputas internas entre los partidos y sindicatos por mayores cuotas de poder.
[25] Los rasgos positivistas, hiper tecno-economicistas, axiomáticos-deductivos, zoologistas y epicureístas están presentes en los proletarismos, en el marxismo sobretodo, pero también en buena parte del anarquismo, en tanto que herederos de la Ilustración y adheridos a la concepción del progreso; y son evidenciados en estos momentos críticos históricos como teorías gregarias que operan de espaldas a la experiencia y la realidad plural de las clases populares, de ahí su inoperancia propositiva revolucionaria integral concreta; y que el autor sostenga que la izquierda es la derecha perfeccionada. En este aspecto, la obra pone a cada cual, en su lugar, reconociendo las posiciones críticas, positivas y constructivas que también hubo en ciertos sectores ácratas, aunque minoritarios.
