Como ya anunciamos hace unos meses, un grupo de amigos nos hemos reunido en torno a este equipo de redacción, Amor y falcata, con el fin de contribuir a una Transformación Integral de la sociedad, tal como declaramos en nuestra carta de presentación.
Hoy estrenamos este nuevo formato, el de editorial, que serán publicados una vez cada mes por estas fechas. Los acompañaremos de un par de escritos complementarios, además del resto de aportes que compartamos ajenos a este compromiso.
Marzo del año pasado fue el pistoletazo de salida. A enero de 2021, la “Nueva Normalidad” que tan certeramente pronosticaron nuestros gobernantes es toda una realidad. Este, llamado por algunos, golpe de Estado global, tiene todos los ingredientes de una vulgar dictadura[1]: toque de queda, restricciones a la movilidad, limitación de reuniones, cierre de espectáculos públicos y lugares de ocio compartido, presencia exacerbada de los aparatos militar y policial (además de la adopción deliberada de un lenguaje belicista para afrontar un problema sanitario), y un incremento notable de la censura. El atuendo escogido para esta nueva etapa es una sencilla mascarilla, a la que cada vez más personas conocen por bozal.
No nos detendremos demasiado en explicar que la causa de todas estas medidas no se corresponde a la aludida desde las alturas, un virus, cuya existencia no negamos, pero sí la gravedad que se le atribuye, aumentada por unos protocolos que son un logrado ejemplo del dicho “es peor el remedio que la enfermedad”. Basta contrastar la información otorgada por los grandes medios de comunicación con otra tanta que no se encuentra en estos canales convencionales o, mejor, atender a la propia experiencia, para darse cuenta de las enormes incoherencias y contradicciones que acarrea el asunto. En este periplo uno encontrará desde enormes disparates sin fundamento hasta datos verídicos, experiencias reales, argumentaciones bien construidas y explicaciones reflexionadas que contradicen la versión única que nos es hoy impuesta, a veces compartidos por gente de la calle, aún con suficiente personalidad como para plantarse frente al huracán mediático-político, y otras por profesionales científicos (muchos, por cierto), arriesgando con ello su puesto de trabajo y su prestigio.
Sin embargo, el Covid-19 es un motivo idóneo para la reestructuración demográfica, la concentración del capital, la destrucción del pequeño negocio, la mayor dependencia de las instituciones, mayor presión policial y militar, supresión de la voluntad, la iniciativa y el coraje debido al pavor inducido, el recelo a la sociabilidad y el afecto con los iguales, entre otras muchas. En definitiva, la crisis del coronavirus no es otra cosa que el fortalecimiento de los Estados y la gran empresa capitalista, en un momento en que comenzaban a atisbar graves signos de declive. Y sí, no sólo se han fortalecido en su relación con las clases populares, aumentando su protagonismo e influencia, sino que también es un intento por fortalecerse en lo económico.
A tenor de esta situación, en la que un número creciente de personas busca respuestas a una situación excesivamente desconcertante, surgen explicaciones más o menos válidas, y la siempre puntual disidencia controlada. Esta no es otra cosa que la intromisión de sectores de la población dependientes o favorables a las instituciones, para quienes el pueblo no debe dejar de ser dirigido por una minoría mandante, para lo que engatusan los oídos de los “díscolos rebeldes” mientras les conducen de vuelta a su redil. Por el camino, estos simpáticos mesías suelen tropezarse con enormes sumas de dinero, altos puestos en las instituciones o… chalets.
Sin embargo, en la actualidad no son flamantes partidos políticos los que comandan estas operaciones. En este asunto la política estatal no admite la más mínima disidencia verbal en sus filas, so pena de condena a los fríos páramos del “negacionismo”. Es por esto que estas iniciativas, silenciosamente afectas al aparato estatal, surgen desde la marginalidad, desde la autonomía e independencia fingidas, y no podría ser de otro modo, pues, al menos por el momento, las instituciones no pueden permitirse que se propague el “rumor” de que la operación que tiene como objetivo robustecerlas lleva por nombre COVID-19.
Por ello, cierto sector del llamado “conspiracionismo” adopta este papel[2]. Antes de nada, reconocer que en el interior de esta corriente existe mucha gente que busca soluciones desde la buena voluntad y el altruismo, a todos ellos, a pesar de nuestras diferencias, les tendemos la mano para futuros debates y colaboraciones. Pero no olvidemos a una parte del mismo, que cada vez acapara más la voz de todo el movimiento, y cuya crítica se limita únicamente a cierto grupo reducido de personas adineradas y malvadas, o a cierto partido político, ocultando deliberadamente lo central de la cuestión.
Especialmente grave es el caso de varios de estos grupos, algunos indiscretamente neonazis, que aprovechan el desconcierto de la situación para tornar la legítima rebeldía de muchos incautos en repugnante fascismo. Estos nuevos “revolucionarios”, no son más que los mercenarios más violentos y despreciables de los aparatos policiales y el CNI, meros matones al servicio del Estado que pretenden que nos creamos su fingida aversión por las instituciones, ahora revestida de un pacífico “patriotismo”, mientras engañan a su servicio.
Para los conspiracionistas todo son élites poderosas, en su discurso el pueblo no existe sino como agente afortunado o desafortunado, en función de su dirigente, pero no de su propia acción. Esta interpretación nos recuerda mucho a la mostrada invariable y falsamente por las películas de Hollywood. En ellas el conflicto entre el bien y el mal se representa en dos personalidades, una bondadosa y otra malvada, pero que ostentan un similar puesto de poder. A su alrededor, una muchedumbre de súbditos aguarda a que el rey bueno salga triunfador, para que esta vez puedan postrarse ante él sin necesidad de coacción. La estructura de poder bajo la que perece nuestra libertad y soberanía política se nos presenta como neutral e inexistente.
Por tanto, la crítica conspiracionista, centrada en los personajes más turbios e intrigantes de la sociedad, cuando olvida la cuestión de fondo, las estructuras de poder que aseguran el gobierno de unos pocos, avanza hacia la mejora del actual sistema de dictadura. Al señalar a aquellos individuos más descaradamente inmorales, desvían la atención de lo fundamental, esto es, que el Estado es el tirano del que depende todo déspota que quiera ejercer verdadero poder, ya sea haciéndose componente del mismo u orbitando a su alrededor.
Además, la suya es una visión muy alejada de la realidad, puesto que el peso que ha tenido el pueblo, anónimo normalmente, en el curso de la historia y en el presente, es decisivo. El caso ibérico es especialmente apasionante, habiendo sido nuestra tierra testigo de guerrillas campesinas capaces de poner en jaque o, directamente, derrocar poderosos imperios, además de haber albergado sendas sociedades democráticas, libres y prósperas en las que el pueblo era todo, y el Estado, nada.
Por ello, animamos a los afectos a las teorías de la conspiración a que lancen una mirada de confianza y cariño al pueblo, pues solo de su acción consciente puede surgir algo que ponga remedio a la situación presente. Por nuestra parte, animamos a la organización en la base, a la democracia directa, desconfiando y rechazando la presencia de instituciones, a veces formadas por gente bienintencionada, pero que dentro de tales estructuras ha de rendir cuentas, irremediablemente, al poder. Para que una organización democrática y justa de la sociedad sea posible es condición necesaria fijarse en el pueblo y, más concretamente, en el sujeto que esforzadamente se ha de capacitar para vivir en libertad y en compañía afectuosa con sus iguales.
La postura de buena parte de la izquierda, por su parte, no ha sido sorprendente. Aún sectores considerados “radicales” se han lanzado a defender la versión que les ha sido ofrecida, sin cuestionarla ni albergar duda alguna, en su habitual acto de fe por el que identifican infantilmente a la izquierda con el bien. Así, todo aquel que siquiera osa plantearse que la motivación de estas medidas va mucho más allá que una supuesta pandemia, es inflexiblemente considerado miembro de la extrema derecha.
Pero nada han dicho de, por ejemplo, la propuesta del gobierno para la creación de lo que se ha llamado el “Ministerio de la Verdad”. Parece que no es suficiente el avasallamiento de los medios de comunicación y otras campañas publicitarias por las que el Estado y sus tentáculos monopolizan la información, sino que ahora van a por el monopolio de la verdad. Si la libertad de conciencia es un concepto que les resulta extraño, ahora quieren borrar del mapa todo atisbo de libertad de expresión. Me cuesta encontrar las diferencias entre estos supuestos “antifascistas” y personajes como Goebbels, ministro de propaganda nazi.
Más allá del ruido mediático, y la crítica hipócrita vertida por los que buscan desbancar a la izquierda en el poder para detentarlo ellos, la censura es un hecho y en los últimos meses han decidido apretar el acelerador. Canales audiovisuales clausurados, vídeos eliminados o editoriales (supuestamente neutrales ideológicamente) que se niegan a publicar libros son una muestra del nuevo rumbo.
Los afectos a la coalición socialista progresista tampoco han levantado mucho polvo por la vigencia de la llamada ley mordaza, tampoco por la conocida como ley mordaza digital. Lejos de todo ello, su solución siempre pasa por fortalecerlas, al demandar constantemente más policías, más militares, más jueces…, es decir, más Estado. Pero hay que reconocer que progresistas sí son, y es que la factura de la luz ha experimentado un claro progreso, coincidiendo puntualmente con los días más fríos de los últimos años.
Si bien hay una parte de la izquierda que ha decidido alzar la voz ante el despotismo creciente, una parte mayoritaria ha demostrado que lo suyo no es una ideología escogida tras un trabajo reflexivo, sino una simple religión política, y que sale a la calle o se queda en casa en función de lo que ordenen sus sacerdotes. Es gratificante observar cómo esta facción del parlamentarismo pierde fuelle y se desacredita, y una parte de su tripulación abandona el barco. Es tarea nuestra proponer una salida popular y transformadora a la situación presente, y combatir igualmente a los nuevos sacerdotes, que ahora toca que aparezcan al margen derecho. Por tanto, desaprobamos rotundamente la salida por la que optan los ilusos trumpistas, o por la que se decantan los trepas, cobardes o ingenuos, críticos con la izquierda, pero mudos ante las cuestiones fundamentales, que abogan por la vía institucional. Como hemos dicho, solo reconocemos legitimidad en el poder ejercido por el pueblo organizado.
Para ello, apremia que nos neguemos a otorgar a las autoridades estatales el dominio y potestad sobre nuestro propio cuerpo. Interpretamos que este es el meollo de la campaña de vacunación que, aunque ahora anuncian que será voluntaria, amenazan con registros en listas y quién sabe si obstáculos y prohibiciones para quienes decidan no inyectársela. Esto recuerda sospechosamente al programa de crédito social chino, mediante el que se somete a la población del país a un escrutinio constante, analizando sus movimientos y decisiones. Si resulta que la actividad de cierto individuo es desaprobada por las autoridades del Partido Comunista Chino, puede verse privado de ciertos servicios, además de lo que implica socialmente ostentar posiciones ralas en esta especie de ranquin social.
No pensamos que la vacuna sea necesariamente una forma de hacer daño físico a la gente común: carecemos de pruebas y desconocemos el beneficio que podría obtener el poder si fuera administrada sin distinciones. Nuestra crítica consiste en negarnos a que el Estado pueda apoderarse de nuestros cuerpos hasta el punto de imponernos su interpretación de lo que es la salud, nuestra salud. Nos han forzado a asumir su versión, a base de medios de comunicación de opiniones unánimes e inmóviles, se ha amenazado, ridiculizado y censurado a quienes siquiera plantean que la versión oficial podría estar equivocada, denominándoles “negacionistas” peyorativamente y sin distinciones, se ha vetado cualquier debate público en la que una de las partes no estuviera conforme con el veredicto estatal de la situación sanitaria, aun cuando se tratara de profesionales científicos. Se ha implantado forzosamente una realidad que ha sido creada por agentes políticos, y por eso queda excluida toda discrepancia, y ha sido justificada bajo la autoridad otorgada por el respaldo de sus bien recompensados “expertos”.
Sin libertad de expresión ni de conciencia las decisiones no pueden ser democráticas, pues no es legítimo el uso de la propaganda y de la violencia para encauzar estas. Tampoco es legítima una medida unilateral cuando, a pesar de todo, es conocido el amplísimo recelo y descontento del estrato popular hacia la misma. Por último, la libertad individual no puede ser sobrepasada sin buscar alternativas que no sean la multa, el ostracismo o el presidio.
Por último, nos referiremos a la recientemente aprobada ley de eutanasia. Huelga decir que no discutimos el derecho natural que cada cual tiene con su propio cuerpo, incluso cuando toma por decisión acabar con su propia vida. Rechazamos tajantemente todo intento de apropiarse de asuntos vitales tan cruciales por parte del Estado o cualquier doctrina religiosa, pues la libertad individual debe ser respetada.
Además, resulta bastante inquietante que se apruebe esta ley en un momento en que se está cometiendo un verdadero gerontocidio. Es así, y el culpable no es un virus sino unos protocolos instruidos desde las altas esferas del Estado, que han condenado a miles de ancianos a una muerte triste, solitaria y pavorosa, especialmente a los desafortunados que se albergaban en residencias geriátricas.
Discutimos igualmente la cuestión ideológica que da respaldo a este decreto. El ánimo por la destrucción y la muerte que sufre esta sociedad se advierte en el peso que tienen debates como este, o el referente al aborto y a las drogas. Por contra, la alegría por la vida y el apetito constructivo se pisotean, como puede verse en la mala prensa que hoy tienen la maternidad o la crianza, consideradas por algunos actos de esclavitud o, incluso, machismo.
También nos disgusta que dicha ley se justifique con la aversión visceral que hoy se tiene respecto al dolor, situación que, nos dicen, hay que evitar a toda costa. Si antiguamente la “buena muerte” significaba morir combatiendo[3], hoy significa abandonar el mundo escapando del sufrimiento. Esta mentalidad bloquea los beneficios potenciales del dolor, del que uno puede sacar lecciones trascendentales y salir del mismo curtido y preparado para afrontar los golpes que la vida propina antes o después. Paradójicamente, este es el caldo de cultivo ideal para personalidades eternamente dolientes, aterrorizadas e inseguras, cuyas vidas pueden definirse como una sucesión de dramas.
Además, este es otro paso del ente estatal en su conquista de la totalidad de las fases vitales de todo ser humano. La gestación, el alumbramiento, la infancia, la enfermedad…, todas ellas dependientes de la acción institucional y completamente desligadas de la sabiduría y hacer populares y, lo que es más grave, de los del propio individuo. Ahora es el turno de la muerte, que pretenden convertir en mero trámite burocrático, expoliándole toda significación y relevancia.
El ritual relacionado con la muerte es una necesidad de toda sociedad, pues con él homenajeamos y recordamos a quienes queremos, la comunidad adquiere consistencia y se fortalece, al convertirse en un acto social de afecto y ofrecimiento mutuos, y nos completa al otorgarnos una enseñanza espiritual y vital, pues comprender la muerte nos ayuda a comprender la vida.
El extirparnos esta fracción de la experiencia humana nos empequeñece y degrada, nos limita y desnaturaliza.
La crisis del coronavirus, aprovechada oportunamente por los Estados, no ha hecho sino acelerar enormemente su anhelada eliminación de “improductivos”, aquellos sujetos que por su edad o condición física se ven privados de la actividad laboral. Esta ley sin duda va a incrementar la velocidad del proceso, y a convertir el crimen en un acto legal. La experiencia desprendida de otros países, como Holanda o Canadá, que ya hace tiempo aplicaron leyes análogas, lo confirma.
Ante esto hemos de estar vigilantes, y seguir explorando caminos para liberarnos, como sociedad, de la tiranía estatal. El cariño, la alegría, la unión, el amor por la libertad y el esfuerzo combativo son un requisito y un punto de partida idóneo para lograrlo.
Colectivo Amor y Falcata
www.amoryfalcata.com
[1] Las medidas adoptadas, con las que se asegura combatir la pandemia, también recuerdan a golpes de Estado precedentes, como el protagonizado por las tropas napoleónicas a su entrada a la Península Ibérica a principios del siglo XIX. Tal como nos relata John L. Tone en su imprescindible libro “La guerrilla española y la derrota de Napoleón”, el general D’Agoult, destinado en Navarra, establece en algunas ciudades de la región unas normas similares a las actuales, con la prohibición de reuniones, suspensión de fiestas públicas y otras actividades lúdicas, control de los desplazamientos, entre otras. Esta situación de vigilancia y represión desmedidos llegó a tal punto que “Pamplona y otras ciudades de Navarra se convirtieron en lugares desiertos y sombríos.”
[2] El compañero José Francisco Escribano Maenza publicó recientemente una reflexión acerca del movimiento “conspiracionista”, de título “¿Dónde se sitúa el conspiracionismo?”
[3] No necesariamente en guerras de agresión, llevadas a cabo por mercenarios cuya única voluntad era acumular más dinero. Combatir para muchos pueblos significaba permitir que la comunidad tuviera futuro, salvarles de la aniquilación o la servidumbre, por lo que sacrificarse por los suyos era una acción altruista y heroica, la mejor de las muertes para quienes anteponen el amor y el desinterés frente a la cobardía, el odio y el egotismo. Hoy cuesta imaginar esto cuando ni siquiera es posible la autodefensa, pues todo uso de la violencia ha de delegarse en el Estado, que la acapara por completo dejándonos indefensos ante amenazas inmediatas.
