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  • Autor de la entrada:Esteban Vidal

Transformar significa convertir algo en otra cosa. El proyecto de transformación integral, como su propio nombre indica, obedece a esa voluntad de cambiar la actual sociedad por otra completamente diferente en la que sea respetada la libertad de las personas.

La búsqueda de este fin requiere, a su vez, una coherencia de los medios para su logro exitoso, lo que irremediablemente plantea algunas incompatibilidades entre este proyecto y ciertas instituciones y organizaciones.

En lo que a esto respecta, la primera incompatibilidad que se da es con las instituciones del Estado. El Estado en sí mismo es un acérrimo enemigo de la libertad, pues su principal finalidad es la dominación y el control social. Por medio de diferentes organizaciones, como los ministerios, las empresas estatales, los medios de comunicación, los órganos reguladores, además de los tribunales, los cuerpos policiales, los servicios secretos, las prisiones y en última instancia el ejército, desarrolla su dominación al obligar a la población a acatar sus órdenes y directrices. Ya sea a través de la coacción directa, o bien por procedimientos más o menos indirectos como, por ejemplo, la manipulación psicológica, los impuestos, las exenciones fiscales o las subvenciones, ejerce su poder en la sociedad.

Dicho esto, el Estado constituye el principal enemigo del proyecto de transformación integral en la medida en que es el artífice y sostenedor del actual sistema de dominación que niega al individuo la libertad. De este modo, la población es sometida y llevada a un estado de postración. Por esta razón, la colaboración con las instituciones estatales es incompatible con este proyecto.

La consecución de una sociedad de la libertad, donde nadie ejerza mando alguno sobre los demás, requiere una transformación completa de la misma, lo que irremisiblemente choca con quienes se benefician del orden establecido y que, por ello, se oponen a cualquier cambio que no pueda ser controlado o dirigido desde arriba. Nos referimos en primer lugar al Estado, pero igualmente a todos aquellos agentes que, directa o indirectamente, dependen de este y le sirven. Este es el caso de diferentes instituciones y organizaciones que operan como correa de transmisión del Estado para lograr la cooperación de la población en distintos ámbitos, y para ejecutar las directrices políticas de la élite mandante.

Entre estas instituciones encontramos los partidos políticos, que constituyen un importante mecanismo a través del que el Estado crea sucesivas legitimidades con cada proceso electoral. Por medio de los partidos el Estado genera el correspondiente consentimiento social al orden establecido, y reconduce los conflictos sociales hacia las instituciones dentro de los cauces que establecen las leyes vigentes. Por esta razón los partidos políticos no son, y no pueden ser, agentes de cambio o de transformación, pues no sólo pretenden integrarse en las estructuras de poder del Estado cuando todavía no están institucionalizados, sino que desempeñan la función de pararrayos del sistema para aplacar la protesta social y el descontento por medio de su integración y desactivación en los órganos del Estado.

Los partidos políticos son, dada su naturaleza, una facción de la población organizada para gobernar a los demás, lo que les convierte en organizaciones que existen por y para el poder. El principal objetivo de estos actores es acumular poder bajo el pretexto de ejecutar ciertas medidas que son presentadas como beneficiosas para la población, aunque finalmente no lo sean. Por este motivo su práctica es reformista, ya que simplemente aspiran a integrarse en las estructuras de poder del Estado para, desde ellas, llevar a cabo ciertos cambios que suponen la conservación y el perfeccionamiento del sistema de dominación vigente. Existe, entonces, una manifiesta incompatibilidad en sus medios y finalidades con el proyecto de transformación integral.

Los partidos políticos, en cuanto se institucionalizan, pasan a recibir importantes y cuantiosas sumas de dinero del Estado en forma de subvenciones, ayudas logísticas, acceso a la gestión de fondos, etc., que les convierte en fieles servidores del mismo. Exactamente lo mismo que ocurre con los principales sindicatos. En este caso el sindicalismo es una correa de transmisión del Estado en los centros de trabajo, y cuya principal función es la de controlar a la clase trabajadora para impedir que la conflictividad se salga de los cauces que establecen las leyes vigentes. De este modo los sindicatos reconducen las luchas y conflictos laborales hacia las instituciones del sistema, y mantienen la paz social. Por este motivo cualquier proyecto de transformación integral resulta incompatible con estas organizaciones que forman parte del sistema de dominación. Esto también incluye a aquellos sindicatos que, desde posiciones ideológicas pretendidamente revolucionarias, desarrollan una práctica reformista al sumirse en el reivindicacionismo. La consecuencia principal de esta dinámica es la confirmación tácita del orden constituido, y la cooperación con las instituciones que mantienen el sistema.

Si los sindicatos son en la práctica los bomberos del Estado y de la patronal para impedir que los conflictos en el mundo del trabajo adquieran una dimensión revolucionaria que desborde los marcos legales e institucionales, las ONG’s, en cambio, son los administradores de la miseria de la que han hecho un negocio extraordinariamente lucrativo gracias al apoyo financiero, en forma de subvenciones, recibido del Estado. Las ONG’s, además de ser un analgésico para la conciencia de la burguesía, son una herramienta de control social allí donde desarrollan programas gubernamentales, especialmente en los países del sur y en el marco de proyectos de ingeniería política y social para el sometimiento de estas poblaciones y la satisfacción de los intereses del Estado en el exterior y de las empresas transnacionales.

Asimismo, las ONG’s han demostrado no sólo ser un mecanismo de los Estados para el desarrollo de sus respectivas políticas exteriores, sino sobre todo una herramienta excepcionalmente funcional para reconducir a los elementos más críticos y contestatarios de la sociedad hacia posiciones reformistas. Esto lo comprobamos cuando dichas instituciones desarrollan reivindicaciones que utilizan la miseria ajena como coartada para engordar un enorme negocio del que se lucran sus principales directivos, al mismo tiempo que se valen de personas bienintencionadas para impulsar y legitimar este tipo de proyectos. Por esta razón las ONG’s son en la práctica un apéndice de las instituciones estatales, así como de sus programas y políticas, lo que las hace por definición naturalmente hostiles a un proyecto de transformación integral que sacuda los cimientos de un sistema del que se benefician y forman parte.

A tenor de todo lo hasta ahora expuesto puede deducirse, entonces, que un proyecto de transformación integral, para ser tal, requiere situarse fuera y en contra de las instituciones del actual sistema. Las mismas instituciones que niegan a las personas la libertad y, por tanto, la capacidad para tomar sus propias decisiones con las que gestionar sus vidas y necesidades. Consecuentemente, un proyecto de estas características es irremediablemente de carácter revolucionario tanto en sus fines como en los medios para alcanzarlos. Esto es, la consecución de una sociedad de la libertad, sin jerarquías ni clases sociales, sin Estado ni sistema capitalista. Esta meta constituye, entonces, la expresión de una voluntad de ruptura con el sistema establecido, lo que confiere a este proyecto una clara dimensión revolucionaria.

Por otra parte, un proyecto verdaderamente revolucionario, al menos en el sentido que aquí ha sido expuesto, no podría serlo si no fuera al mismo tiempo de carácter popular. Esto nos conduce directamente a la importancia de buscar una coherencia entre los medios y los fines perseguidos. En este sentido es fundamental destacar que un mundo libre no es posible si este no es deseado y perseguido por una amplia parte de la población. De lo anterior se deduce, entonces, la necesidad de un movimiento popular amplio que busque una transformación total de la realidad para conquistar la libertad. Un movimiento que, por coherencia respecto al fin perseguido, requiere estar fuera de las instituciones que hoy gobiernan la sociedad, además de luchar activamente contra estas para consumar la ruptura revolucionaria con el orden establecido, siendo la revolución no un fin en sí mismo, sino un nuevo comienzo con el que alumbrar un mundo nuevo.

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