Viernes, 07 Abril 2017 20:06

La contemporaneidad: una pugna entre lo comunal y lo privado. Un ejemplo andaluz

Escrito por  Jesús
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El pensamiento ilustrado y la legislación liberal se orientaron al fortalecimiento de los emergentes Estados-Nación. Para ello, la ordenación del territorio, la fiscalidad y el expolio del patrimonio comunal de los pueblos fueron elementos claves. La desarticulación del comunal se concibe como su privatización, tanto de la propiedad como de los usos, la mercantilización de sus formas de gestión y la estatalización-municipalización de los terrenos colectivos1.

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Las tensiones generadas dentro del mundo rural a raíz de la privatización de bienes comunales durante el siglo XIX, especialmente a partir de la ley de 1855, se prolongarán hasta la década de 1930. Así, durante la segunda república española, sobre todo en 1933, se formularán numerosos expedientes de rescate de tales comunes. Andalucía sólo será superada por Castilla y León en la cuantía de reclamaciones. Comprendiendo además dos de los tres focos de demanda: el valle medio del Ebro, el cuadrante sud-occidental (región de Extremadura y provincias de Cádiz y Huelva) y la zona penibética (centrada en la provincia de Granada). Sin olvidar que en Córdoba y Sevilla, aunque la incidencia de reclamaciones fue menor, las privatizaciones de montes existentes en 1859 superaron el 70%. La legislación republicana en materia de rescate de dichos bienes, en la práctica, quedó en nada2.

No obstante, la forma de resistencia campesina ante la estatalización y privatización crecientes de los montes comunales que vamos a destacar aquí será la persistencia en el uso de los mismos, como afirmación de un derecho consuetudinario. Para ello nos basaremos en Privatización del monte y protesta campesina en Andalucía oriental (1836-1920), Francisco Cobo Navarro, Salvador Cruz Artacho y Manuel González de Molina, donde se estudian los casos jiennense y granadino. Lo que manifiesta la importancia del comunal en el sudeste peninsular.

Algunas de las graves consecuencias de la penetración en lo rural del Estado, la propiedad privada concentrada, la mercantilización capitalista y la salarización fueron la reconversión de las relaciones sociales, el empobrecimiento campesino y la sobreexplotación de los recursos forestales.

El deterioro de la cubierta forestal fue causado por el Estado liberal, el Ministerio de Hacienda y los municipios, sobre todo, que con su proceder fomentaban el interés privado.

Pero hubo más. El sistema integrado y tradicional de manejo múltiple de los recursos o agro-silvo-pastoril, basado en los campos abiertos y el aprovechamiento comunal, sufrió un fuerte golpe, siendo sustituido por el uso segregado de amplias superficies de cultivo agrícola. En efecto, la expansión de la agricultura fue un hecho durante el siglo XIX3. La explotación agrícola de la tierra se convirtió en la principal actividad productiva para la subsistencia.

Asimismo, las desamortizaciones se saldaron con el mantenimiento y aun con la agudización de la distribución desequilibrada de la propiedad de la tierra. Así, en 1931 la causa número uno de la propiedad concentrada era el proceso desamortizador, impulsado por el Estado, que expolió muchos millones de hectáreas a las comunidades rurales en su propio beneficio, las cuales luego fueron vendidas a particulares4.

Esta dinámica de desposeimiento de los grupos campesinos acarreó, asimismo, una capacidad limitada de abastecimiento, al depender las comunidades rurales del salariado. Así como una pérdida de diversidad, tanto cultural (p.ej. saberes tradicionales) como biológica1.

La desaparición de los bienes de aprovechamiento comunal había debilitado los vínculos comunitarios. Esta aseveración es cardinal. Pues informa del significado de la contemporaneidad peninsular: una transición (tumultuosa, larga y sangrienta) desde la sociedad convivencial popular tradicional a la sociedad competitiva y de mutua hostilidad presente3.

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 El aprovechamiento de madera y leña, el carboneo, la recolección de esparto, la actividad pecuaria o la caza pasaron a estar catalogados como delito. Tales recursos, los de mayor impacto para la subsistencia, fueron afectados por la reducción de la superficie aprovechable, por la progresiva consolidación de la propiedad privada y estatal sobre el suelo. Los derechos y bienes colectivos fueron puestos progresivamente fuera de la ley5.

Los vecinos continuaron con sus tradicionales usos como medida de resistencia a perder los aprovechamientos comunales. La titularidad de frutos y provechos había sido concedida a los ayuntamientos por la administración forestal en la década de 1860. Tales instituciones enajenaban los esquilmos y sobrantes del monte en pública subasta, procedimiento que cimentó una red clientelar.  La réplica popular fue extraer los bienes antes de su venta.

En las décadas de 1870 y 1880 se produjo el grueso del expolio. Etapas de implantación de las medidas liberales en las que, precisamente, tuvo lugar un mayor grado de conflictividad.

Esta persistencia cotidiana en el uso del monte, fuente tradicional de subsistencia, fue perseguida con ahínco por el Estado, que mostraba un deseo de castigar las infracciones de un modo bastante riguroso. En 1876 se encomendó a la Guardia Civil la guardería forestal de todos los montes públicos en exclusividad. Y en 1900 se crea una guardería forestal auxiliar. La combinación de reformas liberales y represión estatal condujo a que los “delitos forestales” conocieran un incremento inusitado, cuando aún se desamortizaban montes públicos y otros bienes de titularidad vecinal.

La defensa del uso y de la titularidad vecinal de los montes se llevó a cabo, generalmente, al margen de organizaciones sindicales. Éstas sólo se dieron en Granada en 15 de los 88 pueblos que tenían superficies forestales de titularidad pública, con anterioridad a la II república. La acción sindical, como medio de protesta y reivindicación a través básicamente de huelgas y manifestaciones, comenzó a tener protagonismo entre campesinos y jornaleros a partir de 1914. No por ello el acceso a la tierra mediante la devolución o restitución del patrimonio comunal de los pueblos dejó de considerarse la aspiración máxima, por delante de la fragmentación de las grandes propiedades.

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Las clases populares pretendían mantener sus tradicionales sistemas de reproducción social ante la creciente intromisión del Estado. Por tanto, su mentalidad y acción eran de naturaleza defensiva y conservadora; carecían de un programa y una estrategia para el derrocamiento del ente estatal y el logro de un orden social cualitativamente superior6.

Aun así, la resistencia popular de entonces es una muestra de dignidad de la que aprender hoy, cuando existe el convencimiento general de que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

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1La desarticulación de la propiedad comunal en España: siglos XVIII-XX. Una aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos, Antonio Ortega Santos.

2Esperanzas de rescate. Pugnas en torno a los derechos de propiedad comunal en los montes españoles, 1931-1936, Iñaki Iriarte Goñi y José Miguel Lana Berasain.

3En la segunda mitad del siglo XVIII se promulgó una serie de disposiciones legislativas encaminadas a fomentar por todos los medios posibles la agricultura. Una introducción al control y desarrollo de la labranza por parte del Estado para ejercer sus proyectos de dominación y de competición con otros estados en Naturaleza, ruralidad y civilización, Félix Rodrigo Mora.

4Investigación sobre la II República española, 1931-1936, Félix Rodrigo Mora. Andalucía aportó el 16% de las fincas vendidas en España, lo que supuso casi la cuarta parte del valor total de las ventas. Estos datos tomados de El ser andaluz, Manuel Clavero Arévalo.

5La construcción del nuevo régimen liberal se sustentó, entre otras medidas, en el sufragio censitario, que otorgaba el derecho de voto al 5% de la población, aproximadamente. Ni siquiera, por tanto, en lo meramente formal de las prácticas electorales de partidos políticos puede ser calificado aquél de democrático. En Historia contemporánea de Andalucía, Juan Antonio Lacomba, se expresa la percepción que tenía el campesinado andaluz de la política legal: equivalía a control caciquil, ausencia de democracia y expropiación de tierras.

6La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora, Félix Rodrigo Mora.

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